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PRONUNCIAMIENTO
La Coordinadora Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la
Minería, CONACAMI, frente a los siglos de imposición e impactos
de la minería, y ante la XXVI Convención Minera del Perú,
“Desarrollo Sostenible: Reto Minero”, que se realiza en Arequipa, entre los
días 15 y 19 de septiembre, expresamos lo siguiente:
1. A diciembre del 2002, la inversión extranjera fue de US$ 11,536
millones, casi 1,700 millones fueron en minería. La minería
exportó por US$ 3,734.4 millones, 47% de las exportaciones totales,
aporta el 5% de la recaudación tributaria. Esta en 20 de 24 departamentos
en el Perú. ¿Qué ha dejado la minería en los
últimos 10 años?. Sólo US$ 50 millones de canon minero
y US$ 16 millones por derecho de vigencia minera, para ser repartidos en
24 regiones, 195 provincias, 1,828 distritos, pero NO para superar la pobreza
de las 5,600 comunidades y los 69,951 centros poblados. Contaminación
de grandes cuencas hidrográficas e intoxicación de miles de
personas que viven en áreas vecinas a las minas; más de 300
comunidades desplazadas de sus territorios al amparo de la Ley Nº 26570,
de servidumbre minera; sólo 60 mil puestos de empleo directos, incrementando
las desigualdades sociales; más de 600 dirigentes denunciados y enjuiciados
por defender sus derechos.
2. En los años noventa, el gobierno Fujimorista con su neoliberalismo,
privatizó empresas y dio facilidades para las inversiones extranjeras.
La minería fue la mas favorecida. Sólo entre 1993 y 1996, el
gobierno peruano ha firmado 153 convenios de estabilidad tributaria, de los
cuales más de 40 fueron en el sector minería. La llegada de
Toledo al Gobierno, pese a las promesas y expectativas de cambio, mantiene
la misma política económica y minera; ha concesionado el Ministerio
de Energía y Minas al sector empresarial. Ahora nos amenaza con mas
Yanacochas y Antaminas, que suman 239 proyectos mineros, 122 de los cuales
son de oro, que de ejecutarse llegarían a ocupar más 60 millones
de hectáreas (50%) del territorio nacional. Nos amenazan con una inversión
de más de US$ 8 mil millones hasta el 2008 que dejará
más pobreza que ahora. El Estado no garantiza el respeto de los derechos
de las comunidades, como son la consulta y participación, amparados
en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
3. Nosotr@s, comunero@s que vivimos en áreas circundantes a las operaciones
mineras somos víctimas de sus impactos. Perturban nuestro derecho
a la vida, contaminando el ambiente y los recursos naturales, desplazándonos
de nuestro territorio comunal, modificando nuestra cultura y modo de subsistencia.
Perjudican nuestro derecho a la salud, contaminando el agua y el aire con
mercurio, arsénico, plomo y otros metales pesados. Análisis
realizados en La Oroya, Cerro de Pasco, Choropampa (Cajamarca), Ilo, San
Mateo de Huanchor, Callao, demuestran que las personas tienen metales en
la sangre que afectan su salud, su vida. Por ello, somos VÍCTIMAS
DE LA MINERÍA.
4. Ante esta realidad la XXVI Convención Minera del Perú se
ha planteado el “reto del desarrollo sostenible”. Nosotros nos preguntamos
sobre qué bases, sobre la pobreza que esta generando, acaso sobre
las exclusiones que esta causando, sobre los recursos naturales contaminados,
sobre la corrupción en la que se ha visto envuelta, sobre mínimos
aportes al fisco nacional, sobre sus influencias políticas en el Congreso
y el Gobierno, sobre la base de su irrisoria contribución al desarrollo.
Nos preguntamos de qué sostenibilidad nos hablan, cuando las personas,
sujetos del desarrollo, se encuentran intoxicados. La oferta minera local
tiene víctimas, y están en las comunidades y poblaciones afectadas.
¡ POR LA UNIDAD DE LAS COMUNIDADES ¡
¡ POR EL RESPETO DE NUESTRO TERRITORIO COMUNAL ¡
Huancavelica, departamento con 88% de pobreza total, 338 mil personas de
385 mil viven en pobreza. Pero Minas Buenaventura tiene 4 minas; en el 2002
registro utilidades de US$ 110.5 millones de dólares.
Cajamarca, la pobreza alcanza al 77.4% de más de un millón
260 mil habitantes. Minera Yanacocha, produce 1.9 millones de onzas de oro
con un valor de US$ 514 millones de dólares. Su expansión amenaza
las fuentes de agua para consumo humano y mil pobladores fueron intoxicados
por un derrame de mercurio en Choropampa.
Pasco; tiene 226 mil habitantes de los cuales el 66.1% vive en pobreza. Tiene
7 empresas mineras (Volcan, Brocal, Milpo, Atacocha, Aurex, Chancadora Centauro,
Panamerican Silver), contaminan las cuencas nacientes del río Mantaro
y Huallaga. Cerro de Pasco, con más de 100 años de minería
sólo tiene agua dos horas al día.
Apurimac; Más de 30 empresas mineras, poseen denuncios que ocuparían
el 50% de los 20 mil km2. de la superficie departamental. Sólo Southern
Perú ocuparía 263,520 has. de tierras, entre ellas las despojadas
al anexo de Quishque.
Huari y Huarmey. Antamina invirtió para construir la mina US$ 2,260
millones, desplazando de sus tierras a más de 90 familias ocupadas
en la ganadería y agricultura. Genera 2,724 puestos de empleo, de
los cuales sólo 631 serían de las zonas de influencia de la
mina. Ancash tiene una población de más de un millón,
61% de los cuales viven en pobreza.
En La Oroya, 13 de cada 30 niños se encuentran contaminados con altos
niveles de plomo en su sangre. Para DIGESA “los habitantes de (...) Oroya
están expuestos a serios problemas crónicos (de largo plazo)
de salud, (...)”. Desde hace 6 años la fundición es propiedad
de Doe Run de USA. La historia se repite en Puerto Nuevo (Callao); y en San
Mateo de Huanchor.
En Tambogrande, San Lorenzo es el valle más rico de la costa peruana;
produce más del 40% de la producción total de limón
y mango en el Perú. Manhattan y el Gobierno, pretenden imponer la
minería en el valle, el 98.6% de la población ha dicho NO a
la minería. 59 dirigentes del Frente de Defensa fueron denunciados
por defender la agricultura. Manhattan sólo generaría 350 puestos
de trabajo por 12 años.
Ilo, ciudad donde la contaminación por ácido sulfuroso sobrepasa
en 22 veces el límite máximo permitido por la OMS. La fundición
es propiedad de Southern Perú. En Moquegua, Minera Quellaveco pretende
secar las aguas de las zonas altas.
Collanac (Lima), el Gobierno dicto la expropiación de más de
400 hectáreas de tierras mediante la aplicación de la
Ley de Servidumbre Minera.
El misterioso asesinato de Godofredo García Baca (marzo 2001), defensor
de Tambogrande. Las autoridades no esclarecen y ni identifican a los culpables
intelectuales y materiales.
El acribillamiento, por matones contratados, de 4 pobladores de Tabaconas
(Cajamarca), cuando se manifestaban en contra de la actividad minera en sus
tierras.
La detención, tortura y brutal golpiza recibida por los pobladores
de La Apalina (Cajamarca), que defendían la usurpación de sus
tierras por parte de la Minera Yanacocha.
Cientos de dirigentes denunciados y perseguidos en todo el país,
sólo por defender sus derechos en Moquegua, Pasco, Huancavelica, Piura,
Apurimac, Huarmey.
¡ NO MÁS VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS¡
¡CONSULTA Y PARTICIPACIÓN!
NOTA DE PRENSA
“De qué desarrollo sostenible hablan”
Comunidades afectadas rechazan política minera del Gobierno y condenan
conducta de empresarios del sector
AREQUIPA.-
Cerca de un centenar de pobladores procedentes de distintos puntos del país
protestaron en las inmediaciones de Tecsup, sede de la XXVI Convención
de Minera “Desarrollo Sostenible: Reto Minero” y rechazaron la política
minera que lleva adelante el Gobierno y la conducta de estas empresas que
viola los Derechos Humanos de las comunidades.
Tal fue el acuerdo a que llegaron los delegados al Encuentro de Comunidades
Afectadas por la Minería realizado hoy en Arequipa donde además
se señaló que el espíritu pro minero del Gobierno, de
otorgar facilidades a las empresas mineras, va en perjuicio de las comunidades
que viven en las zonas circundantes a las zonas donde sé realiza este
tipo de actividad económica.
En forma pacífica, los marchantes llegaron ha 100 metros de la Convención
y realizaron un plantón con el propósito de hacer escuchar
su demandas toda vez que los organizadores decidieron negarle la palabra
a los más afectados por los impactos negativos de la actividad minera.
Por ejemplo en La Oroya, 13 de cada 30 niños se encuentran contaminados
con altos niveles de plomo en la sangre y en Ilo, los niveles de ácido
sufuroso sobrepasa en 22 veces el límite máximo permitido por
la Organización Mundial de la Salud.
A través de un comunicado a la opinión pública, la Coordinadora
Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI)
precisó que a diciembre del año 2002, la inversión extranjera
fue de 11 millones 536 mil dólares, de los cuales mil 700 millones
fueron de la minería; sin embargo en los últimos 10 años
sólo aportó 50 millones de canon minero y 16 millones
de derecho de vigencia minera para ser repartidos entre 24 regiones.
A cambio de ello se produjo contaminación en las grandes cuencas hidrográficas
e intoxicación de miles de personas que viven en las áreas
vecinas a la mina, más de 300 comunidades fueron desplazadas de sus
territorios al amparo de injusta Ley de Servidumbre Minera (Ley 26570), así
como unos 600 dirigentes fueron denunciados y enjuiciados por defender sus
derechos.
A ello se suma que pese a las expectativas de cambio generadas por el Gobierno
de Alejandro Toledo al asumir el mandato, se mantiene la misma política
económica y minera que de continuar terminaría por ocupar más
de 60 millones de hectáreas, es decir la mitad del territorio nacional,
lo cual resulta peligroso toda vez que el Estado no garantiza el respeto
de los derechos de las comunidades, como son la consulta y participación,
amparados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT)
Asimismo se preguntaron sobre la base de qué se realiza la XXVI Convención
Minera “Desarrollo Sostenible: Reto Minero”, cuando sólo se está
generando pobreza, daños a los recursos naturales, corrupción,
mínimos aportes al fisco. En todo caso de qué sostenibilidad
hablan los empresarios cuando las personas están intoxicadas, concluye
el pronunciamiento.
CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN
Arequipa 16 de setiembre del 2003.
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