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PRONUNCIAMIENTO

La Coordinadora Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, CONACAMI, frente a los siglos de imposición e impactos de la minería, y ante la XXVI Convención Minera del Perú, “Desarrollo Sostenible: Reto Minero”, que se realiza en Arequipa, entre los días 15 y 19 de septiembre, expresamos lo siguiente:

1. A diciembre del 2002, la inversión extranjera fue de US$ 11,536 millones, casi 1,700 millones fueron en minería. La minería exportó por US$ 3,734.4 millones, 47% de las exportaciones totales, aporta el 5% de la recaudación tributaria. Esta en 20 de 24 departamentos en el Perú. ¿Qué ha dejado la minería en los últimos 10 años?. Sólo US$ 50 millones de canon minero y US$ 16 millones por derecho de vigencia minera, para ser repartidos en 24 regiones, 195 provincias, 1,828 distritos, pero NO para superar la pobreza de las 5,600 comunidades y los 69,951 centros poblados. Contaminación de grandes cuencas hidrográficas e intoxicación de miles de personas que viven en áreas vecinas a las minas; más de 300 comunidades desplazadas de sus territorios al amparo de la Ley Nº 26570, de servidumbre minera; sólo 60 mil puestos de empleo directos, incrementando las desigualdades sociales; más de 600 dirigentes denunciados y enjuiciados por defender sus derechos.

2. En los años noventa, el gobierno Fujimorista con su neoliberalismo, privatizó empresas y dio facilidades para las inversiones extranjeras. La minería fue la mas favorecida. Sólo entre 1993 y 1996, el gobierno peruano ha firmado 153 convenios de estabilidad tributaria, de los cuales más de 40 fueron en el sector minería. La llegada de Toledo al Gobierno,  pese a las promesas y expectativas de cambio, mantiene la misma política económica y minera; ha concesionado el Ministerio de Energía y Minas al sector empresarial. Ahora nos amenaza con mas Yanacochas y Antaminas, que suman 239 proyectos mineros, 122 de los cuales son de oro, que de ejecutarse llegarían a ocupar más 60 millones de hectáreas (50%) del territorio nacional. Nos amenazan con una inversión de más de US$  8 mil millones hasta el 2008 que dejará más pobreza que ahora. El Estado no garantiza el respeto de los derechos de las comunidades, como son la consulta y participación, amparados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

3. Nosotr@s, comunero@s que vivimos en áreas circundantes a las operaciones mineras somos víctimas de sus impactos. Perturban nuestro derecho a la vida, contaminando el ambiente y los recursos naturales, desplazándonos de nuestro territorio comunal, modificando nuestra cultura y modo de subsistencia. Perjudican nuestro derecho a la salud, contaminando el agua y el aire con mercurio, arsénico, plomo y otros metales pesados. Análisis realizados en La Oroya, Cerro de Pasco, Choropampa (Cajamarca), Ilo, San Mateo de Huanchor, Callao, demuestran que las personas tienen metales en la sangre que afectan su salud, su vida. Por ello, somos VÍCTIMAS DE LA MINERÍA.

4. Ante esta realidad la XXVI Convención Minera del Perú se ha planteado el “reto del desarrollo sostenible”. Nosotros nos preguntamos sobre qué bases, sobre la pobreza que esta generando, acaso sobre las exclusiones que esta causando, sobre los recursos naturales contaminados, sobre la corrupción en la que se ha visto envuelta, sobre mínimos aportes al fisco nacional, sobre sus influencias políticas en el Congreso y el Gobierno, sobre la base de su irrisoria contribución al desarrollo. Nos preguntamos de qué sostenibilidad nos hablan, cuando las personas, sujetos del desarrollo, se encuentran intoxicados. La oferta minera local tiene víctimas, y están en las comunidades y poblaciones afectadas.

¡ POR LA UNIDAD DE LAS COMUNIDADES ¡
¡ POR EL RESPETO DE NUESTRO TERRITORIO COMUNAL ¡
  




Huancavelica, departamento con 88% de pobreza total, 338 mil personas de 385 mil viven en pobreza. Pero Minas Buenaventura tiene 4 minas; en el 2002 registro utilidades de US$ 110.5 millones de dólares.

Cajamarca, la pobreza alcanza al 77.4% de más de un millón 260 mil habitantes. Minera Yanacocha, produce 1.9 millones de onzas de oro con un valor de US$ 514 millones de dólares. Su expansión amenaza las fuentes de agua para consumo humano y mil pobladores fueron intoxicados por un derrame de mercurio en Choropampa.

Pasco; tiene 226 mil habitantes de los cuales el 66.1% vive en pobreza. Tiene 7 empresas mineras (Volcan, Brocal, Milpo, Atacocha, Aurex, Chancadora Centauro, Panamerican Silver), contaminan las cuencas nacientes del río Mantaro y Huallaga.  Cerro de Pasco, con más de 100 años de minería sólo tiene agua dos horas al día.

Apurimac; Más de 30 empresas mineras, poseen denuncios que ocuparían el 50% de los 20 mil km2. de la superficie departamental. Sólo Southern Perú ocuparía 263,520 has. de tierras, entre ellas las despojadas al anexo de Quishque.
 
Huari y Huarmey. Antamina invirtió para construir la mina US$ 2,260 millones, desplazando de sus tierras a más de 90 familias ocupadas en la ganadería y agricultura. Genera 2,724 puestos de empleo, de los cuales sólo 631 serían de las zonas de influencia de la mina. Ancash tiene una población de más de un millón, 61% de los cuales viven en pobreza.

En La Oroya, 13 de cada 30 niños se encuentran contaminados con altos niveles de plomo en su sangre. Para DIGESA “los habitantes de (...) Oroya están expuestos a serios problemas crónicos (de largo plazo) de salud, (...)”. Desde hace 6 años la fundición es propiedad de Doe Run de USA. La historia se repite en Puerto Nuevo (Callao); y en San Mateo de Huanchor.

En Tambogrande, San Lorenzo es el valle más rico de la costa peruana; produce más del 40% de la producción total de limón y mango en el Perú. Manhattan y el Gobierno, pretenden imponer la minería en el valle, el 98.6% de la población ha dicho NO a la minería. 59 dirigentes del Frente de Defensa fueron denunciados por defender la agricultura. Manhattan sólo generaría 350 puestos de trabajo por 12 años.

Ilo, ciudad donde la contaminación por ácido sulfuroso sobrepasa en 22 veces el límite máximo permitido por la OMS. La fundición es propiedad de Southern Perú. En Moquegua, Minera Quellaveco pretende secar las aguas de las zonas altas.

Collanac (Lima), el Gobierno dicto la expropiación de más de 400 hectáreas de tierras mediante la  aplicación de la Ley de Servidumbre Minera.


 El misterioso asesinato de Godofredo García Baca (marzo 2001), defensor de Tambogrande. Las autoridades no esclarecen y ni identifican a los culpables intelectuales y materiales.
 El acribillamiento, por matones contratados, de 4 pobladores de Tabaconas (Cajamarca), cuando se manifestaban en contra de la actividad minera en sus tierras.
 La detención, tortura y brutal golpiza recibida por los pobladores de La Apalina (Cajamarca), que defendían la usurpación de sus tierras por parte de la Minera Yanacocha.
 Cientos de dirigentes denunciados y perseguidos en todo el país, sólo por defender sus derechos en Moquegua, Pasco, Huancavelica, Piura, Apurimac, Huarmey.

¡ NO MÁS VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS¡
¡CONSULTA Y PARTICIPACIÓN!

NOTA DE PRENSA

“De qué desarrollo sostenible hablan”
Comunidades afectadas rechazan política minera del Gobierno y condenan conducta de empresarios del sector 

AREQUIPA.-
Cerca de un centenar de pobladores procedentes de distintos puntos del país protestaron en las inmediaciones de Tecsup, sede de la XXVI Convención de Minera “Desarrollo Sostenible: Reto Minero” y rechazaron la política minera que lleva adelante el Gobierno y la conducta de estas empresas que viola los Derechos Humanos de las comunidades.

Tal fue el acuerdo a que llegaron los delegados al Encuentro de Comunidades Afectadas por la Minería  realizado hoy en Arequipa donde además se señaló que el espíritu pro minero del Gobierno, de otorgar facilidades a las empresas mineras, va en perjuicio de las comunidades que viven en las zonas circundantes a las zonas donde sé realiza este tipo de actividad económica.

En forma pacífica, los marchantes llegaron ha 100 metros de la Convención y realizaron un plantón con el propósito de hacer escuchar  su demandas toda vez que los organizadores decidieron negarle la palabra a los más afectados por los impactos negativos de la actividad minera.

Por ejemplo en La Oroya, 13 de cada 30 niños se encuentran contaminados con altos niveles de plomo en la sangre y en Ilo, los niveles de ácido sufuroso sobrepasa en 22 veces el límite máximo permitido por la Organización  Mundial de la Salud.      

A través de un comunicado a la opinión pública, la Coordinadora Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI) precisó que a diciembre del año 2002, la inversión extranjera fue de 11 millones 536 mil dólares, de los cuales mil 700 millones fueron de la minería; sin embargo en los últimos 10 años sólo aportó  50 millones de canon minero y 16 millones de derecho de vigencia minera para ser repartidos entre 24 regiones.

A cambio de ello se produjo contaminación en las grandes cuencas hidrográficas e intoxicación de miles de personas que viven en las áreas vecinas a la mina, más de 300 comunidades fueron desplazadas de sus territorios al amparo de injusta Ley de Servidumbre Minera (Ley 26570), así como unos 600 dirigentes fueron denunciados y enjuiciados por defender sus derechos.

A ello se suma que pese a las expectativas de cambio generadas por el Gobierno de Alejandro Toledo al asumir el mandato, se mantiene la misma política económica y minera que de continuar terminaría por ocupar más de 60 millones de hectáreas, es decir la mitad del territorio nacional, lo cual resulta peligroso toda vez que el Estado no garantiza el respeto de los derechos de las comunidades, como son la consulta y participación, amparados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Asimismo se preguntaron sobre la base de qué se realiza la XXVI Convención Minera “Desarrollo Sostenible: Reto Minero”, cuando sólo se está generando pobreza, daños a los recursos naturales, corrupción, mínimos aportes al fisco. En todo caso de qué sostenibilidad hablan los empresarios cuando las personas están intoxicadas, concluye el pronunciamiento.


CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN


Arequipa 16 de setiembre del 2003.







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